Quisiera con este motivo someter a su consideración algunas reflexiones sobre un tema que ha sido pieza clave en mi pensamiento durante estos últimos años: la relación entre democracia política y sociedad civil.
1. El mundo, durante el siglo XX, ha vivido una bipolaridad ideológica entre dos modelos antitéticos: el occidental y el colectivista. El modelo occidental, caracterizado por dos rasgos básicos: un sistema de libre mercado, con mayor o menor grado de intervensionismo y apertura internacional, y un régimen de democracia pluralista en el que los partidos políticos ejercen de hecho el monopolio de la representación parlamentaria como instrumentos para el acceso al poder. El modelo colectivista, construido sobre dos principios opuestos: la inexistencia del mercado como mecanismo que asigna los recursos destinados a la producción de bienes y servicios, y establece el valor de unos y otros una vez producidos; y la existencia de la democracia parlamentaria, sustituida por un modelo centralizado y totalitario, con partido único y una confusión deliberada entre partido y Estado. La caída del llamado “socialismo real” ha sido sobre todo un triunfo de las ideas sobre el poder político, una victoria de lo que Havel llama “el poder de los sin poder”, de aquellos que, contra toda esperanza y al margen de cualquier probabilidad, se elevan contra un régimen inaceptable para la dignidad humana. Este fracaso del socialismo real ha engendrado una sensación de triunfo definitivo de los dos pilares sobre los que se construye el modelo occidental: la economía de mercado y el parlamentarismo resultante del poder monopolístico ejercido por los partidos políticos, hasta el punto de hablar incluso, probablemente con audacia, del “fin de la historia”. Y, sin embargo, creo que ésta es la hora para reflexionar sobre la estructura de nuestro modelo de convivencia a fin de analizar sus disfunciones y aventurar nuevos caminos que aproximen la realidad política a las apreciaciones y demandas de la sociedad civil.
Si me lo permiten, me detendré en esos dos componentes básicos del sistema demoliberal.
2. Bertrand Russel, en su obra clásica Libertad y organización, 1814-1914, detectó que el marxismo, aunque terminara fracasando, había causado en Europa un daño grave al liberalismo porque enseñaba que “las opiniones políticas están basadas, y deben estarlo siempre, en preferencias económicas antes que en ninguna consideración del bien general”. Este es el motivo por el que en mi opinión hay que devolver el economicismo que impregna el nuevo liberalismo a sus justas proporciones. Si es cierto que el mercado es el principal instrumento que asigna los recursos y el referente fundamental que determina qué y cuánto ha de producirse, también es verdad que el mercado no sirve plenamente per se como mecanismo distribuidor de los bienes y servicios producidos. Hay que introducir ingredientes correctores, elementos éticos de solidaridad, que permitan una asignación razonable y equilibrada de la riqueza para integrar a los desintegrados y alcanzar, por consiguiente, unos niveles mínimos y aceptables de cohesión social. Coincido plenamente en esto con Pierre Méndes-France cuando escribió en La República moderna que “la democracia es ante todo una cuestión moral”.
La conclusión más relevante que se desprende de la caída del colectivismo en los países del Este es que la economía de mercado, construida sobre la propiedad privada, el beneficio y la competencia, ha demostrado ser el mejor sistema para conseguir el progreso técnico y el desarrollo económico. Esta afirmación ya no responde sólo a una simple concepción teórica: se trata de una evidencia empírica, de una realidad tangible. Aunque, sentado esto, hay que reconocer otros dos presupuestos fundamentales: el mercado tampoco es perfecto, y entre progreso técnico y progreso social no existe una relación automática.
Para resolver estas deficiencias que denota el sistema, es necesario situar al mercado en el lugar que le corresponde. Los liberales doctrinarios piensan, como es conocido, que si existiese un marco legal que obligara a todos, incluido el Estado, y, dentro de él, cada agente económico persiguiese sus propios intereses individuales, el mercado -la” mano invisible” de Adam Smith- garantizaría por sí solo un desarrollo económico armónico y satisfactorio. Esta afirmación es probablemente una simplificación, sobre todo en un contexto de economía globalizada en donde los avances teóricos a favor de la libertad de comercio mundial tropiezan con realidades fácticas de estructuras proteccionistas más o menos sofisticadas. Por ello creo que merece la pena dedicar una breve reflexión para poner de manifiesto que el mercado, por sí mismo, no da en todo momento las respuestas adecuadas a los problemas reales de la sociedad. Una constatación que es particularmente importante en unos momentos en que ya nadie duda razonablemente del triunfo de la economía de mercado frente a sus clásicos competidores colectivistas.
Existen, ante todo, necesidades sociales que la ortodoxia liberal no soluciona: son los llamados “fallos del mercado”. Es claro que el mercado no puede resolver íntegramente la provisión de determinados bienes públicos que son imprescindibles para que tengan sentido la idea del Estado y el concepto de civilización: la defensa, la justicia, el ordenamiento tributario, la seguridad, las grandes infraestructuras…
Tampoco parece realista en otros casos esperar que las actuaciones individuales solventen determinadas necesidades colectivas: las que tienen, por ejemplo, a superar los problemas de degradación del medio ambiente o la congestión en las grandes urbes. Por consiguiente, el mercado, por sí solo, no resuelve todos los conflictos, de modo que, tanto en los casos enunciados a título de ejemplo como en otros muchos de parecida entidad, sigue siendo necesario arbitrar mecanismos que garanticen que el mercado conduce al sistema hacia una solución eficiente.
Pero es que, incluso cuando funciona a la perfección un modelo de competencia, ese modelo sólo garantiza la asignación eficiente de los recursos: es decir, asegura que no van a existir recursos ociosos. Y en esto estriba la diferencia entre progreso técnico y progreso social. Llegados a este punto, creo necesario enunciar dos principios que me parecen moralmente indiscutibles:
1. El progreso técnico, por sí solo, no garantiza el progreso social, y
2. El objetivo final debe ser, precisamente, el progreso social.
Me parece necesario resaltar que la eficiencia garantizada por el modelo de mercado es una virtud deseable en todo sistema económico, pero no es la única que la sociedad exige. Una asignación eficiente de los recursos disponibles puede coexistir -y de hecho coexiste en muchos casos- con una distribución muy desigual de la renta, por lo que puede ser considerada injusta por la colectividad. Cuando esto sucede, el mercado puede provocar tensiones políticas y sociales difícilmente soportables a largo plazo.
En suma, es claro que la economía de mercado puede convivir con núcleos de marginación social y económica profundos y coexistir con diferencias muy grandes en la distribución espacial de la renta, tanto en un país concreto como en áreas geográficas que conforman un único mercado o, incluso, a nivel mundial. La integración de los marginados no es un problema que se sitúe en el plano de la eficiencia económica sino en el de lo ético o incluso en el puramente pragmático de la estabilidad social. Si se quiere razonar en un orden estrictamente técnico, podría sostenerse la tesis de que la integración de los núcleos marginales es cuestión de tiempo ya que el progreso generado por el sistema redimirá en un cierto momento esa marginación. Pero semejante propuesta, que tiene incluso cierta fragilidad técnica en términos económicos y sociológicos, es muy problemática desde un punto de vista ético puesto que implica admitir, a priori, que un conjunto de seres humanos tienen que esperar durante un tiempo indefinido a que el sistema adquiera toda su eficiencia.
Por añadidura, no sabemos de cuánto tiempo disponemos. La utopía del comunismo ha funcionado como una especie de salvavidas, de refugio en la esperanza para muchos sectores desfavorecidos. Y este salvavidas, esta esperanza, ya han dejado de existir, por lo que, si nuestra sociedad no es capaz de dar soluciones concretas a problemas concretos, surgirán nueva utopías, nuevas escapatorias para la frustración social. De ahí que parezca razonable afirmar que la economía de mercado se enfrenta consigo misma como consecuencia de su propio éxito. Es urgente percatarse de esta realidad y centrarnos, por tanto, en este problema capital.
3. Como primera conclusión, creo que la única posibilidad que existe de integrar el razonamiento ético y el puramente económico consiste en diseñar un Código de Valores Compartido, entendiendo no como una definición precisa y articulada sino como un conjunto de principios sobre los que queremos construir nuestra sociedad.
Bien entendido que hay que huir de voluntarismos abstractos o de actitudes paternalistas porque, como escribió Ortega, “hacer consistir la política en un credo de reformas públicas que proporcione mayor equidad a la convivencia humana es vaciarla de sí misma y llenarla de un pobre misticismo ético”.
Para conseguir los objetivos propuestos creo que, con carácter básico, debemos recuperar al individuo como eje central de todas las acciones sociales. No sólo el hombre es la “medida de todas las cosas” como decían los pensadores gnósticos, con Protágoras a la cabeza, sino también el principio y el fin de toda acción. Salvador de Madariaga ha escrito unas palabras de gran profundidad al respecto: “Los seres humanos son las únicas entidades reales y tangibles, las únicas criaturas que existen de verdad y en quienes todos los espíritu, todas las tendencias se manifiestan. Hombre de la libertad, hombre del orden y el equilibrio. ¿Y la nación? ¿Dónde está la nación sino en corazón de sus ciudadanos? [...] Es que no hay más que individuos. A tal punto que, si descendemos de las alturas de la discusión teórica a la aplicación práctica de los principios adoptados, cualesquiera que sean, no se trata, en suma, más que de relaciones de potencia entre el individuo-gobierno y el individuo-gobernado”.
Por ello, entiendo que debe abrirse un debate sobre los principios que queremos que rijan en nuestra sociedad. En España se ha registrado a este respecto un cierto movimiento pendular: hace años, el deseo de enriquecimiento individual era enjuiciado de manera peyorativa; en los últimos tiempos de crecimiento económico, la sociedad ha aceptado positivamente el deseo de prosperar. Y es que, en contra de lo que han ignorado las grandes utopías del colectivismo, el deseo de enriquecimiento individual es uno de los móviles esenciales de la actividad económica. Pero ese deseo no puede ser el único valor presente ni en el seno de la empresa ni mucho menos en el tejido social. La lógica de lo cuantitativo, de lo eficiente, de lo pragmático sin otros ingredientes superiores, nunca ha servido para explicar el progreso de la humanidad; por ello, es imprescindible hacer referencia a otros valores, a otros principios, sin degradar lo conquistado, pero situando cada creencia en su posición correcta.
Una sociedad reclama empresarios, desde luego. Pero también artistas, pensadores, maestros, profesores universitarios y políticos. Y en todas estas profesiones, imprescindibles para otorgar sentido a la idea de civilización, la búsqueda del lucro no es, o no debería ser, el móvil principal. Ello significa que en modo alguno podemos confundir eficiencia económica con eficiencia social: la primera se sitúa en el plano de la producción de bienes y servicios, la segunda en el de la propia organización de la vida social, del progreso social. Y es ahí donde se plantea el gran dilema: cómo y hacia dónde destinamos los bienes producidos. La solución sólo puede encontrarse recurriendo activamente a los valores colectivos.
El problema es cómo organizar de forma eficiente la discusión sobre estos principios y cómo conseguir implementarlos en la vida social. Los cauces formales que ofrece el sistema democrático son necesarios pero no suficientes. Hay que partir, en efecto, de la base de que la democracia no ha sido siempre lo que es en el momento actual, sino que supone el desenvolvimiento de una idea básica de convivencia sujeta a aportaciones conseguidas en cada momento histórico. La democracia ha sido, y es, un proceso de revolución permanente que avanzado mediante la puesta en práctica de fórmulas diferentes y sucesivas, por lo que no puede concebirse como una definición adquirida, cerrada, inasequible a transformaciones y cambios. El momento actual no se entiende sin la labor de los heterodoxos y los iconoclastas. Creo que puede sostenerse que democracia ya no es sólo el emitir un voto cada cuatro años y luego desentenderse de los asuntos públicos, como tampoco puede admitirse que el voto legitima cualquier tipo de actuación de los gobernantes sobre los gobernados. Hoy más que nunca el progreso social sólo puede provenir de una interacción activa y dinámica entre el Estado de Derecho y la sociedad civil, lo que nos conduce directamente a la segunda parte de este discurso.
4. El sistema parlamentario liberal se construye en momentos históricos en que la sociedad civil desempeñaba en Europa, tanto en el orden económico como en el social y el cultural, un papel muy distinto al que actualmente le corresponde. El mundo contemporáneo registra la eminencia de la sociedad civil, entendido como el cuerpo social informalmente articulado que se expresa mediante procedimientos espontáneos que forman la “opinión pública”. La sociedad civil, en suma, es la colectividad “vertebrada”, activa, crítica, capaz de tomar decisiones relevantes al margen de lo políticamente institucionalizado. En los países anglosajones, el entramado social es mucho más denso, maduro y activo que en los latinos; en España, la coacción autoritaria, tantas veces impuesta a nuestra sociedad a lo largo de la Historia, ha impedido la formación de una sociedad civil organizada, cuajada de asociaciones de toda índole, “vertebrada” en términos reales, por utilizar de nuevo el inevitable concepto orteguiano. Pero es evidente que, por encima de las dificultades para su desarrollo, emerge una nueva sociedad civil cada vez más cargada de valores elocuentes.
Pues bien: en la sociedad civil europea se aprecian, en relación al modelo político, una serie de percepciones que intentaré resumir:
Se advierte entre los ciudadanos un descenso generalizado en la valoración de la clase política. Podría decirse que existe una cierta desconfianza entre el ciudadano y la clase política. Quizá en parte sea debido a lo que dice Ortega acerca de que “nada le gusta más al español que poder designar con nombre y apellidos al autor presunto de sus males”. Pero también a la sensación de que no existe plena coincidencia entre los interese de los políticos profesionales y los sujetos representados, sobre todo en una situación en que se desdibujan los perfiles ideológicos entre las opciones con mayores posibilidades de éxito electoral. El hecho de que haya puesto de manifiesto una separación entre la uniformidad de pensamiento de la clase política y la respuesta divergente de gran parte de la sociedad, es una prueba elocuente de la situación.
Esta posición social no afecta sólo a la “clase política”, considerada individual y aisladamente, sino que también repercute sobre los partidos políticos como cauce exclusivo para la generación de la clase gobernante. Y un nivel más elevado causa preocupación la posibilidad de una cierta invasión del poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial, con una tendencia muy problemática de confusión entre Gobierno y Estado. Puede afirmarse, en suma, que el modelo de democracia parlamentaria hoy vigente en la mayoría de los países europeos fue concebido en una coyuntura social, cultural y económica muy distinta de la que cabe definir y precisar en nuestros días. Y es evidente que , con una sociedad mucho más desarrollada en todos los órdenes que la de antaño y que exige mayor presencia en la defensa de sus propios intereses, no sería prudente seguir manteniendo intacto un modelo respecto del cual las percepciones de los ciudadanos reflejen dudas sobre su auténtica eficiencia.
En consecuencia, sobresale una necesidad manifiesta en los tiempos en que nos toca vivir: la que reclama, en las postrimerías del siglo XX, el debido protagonismo para la sociedad civil. Creo que a este fin hay que dar respuesta a dos cuestiones principales: cómo ha de estructurarse la sociedad civil y, consecuentemente, qué papel debe desempeñar en el proceso público.
El sistema de relaciones entre sociedad civil y régimen institucional ha experimentado en los últimos años un tránsito cualitativo que se puede reducir a dos estadios:
- Primero se tomó conciencia de que era preciso estructurar la sociedad civil para garantizar que las libertades formales se convirtieran en libertades reales.
- Más adelante, se advirtió que no puede funcionar el sistema público sin una sociedad civil organizada y en franca colaboración con un proyecto colectivo.
En el mundo occidental, la economía y la propia sociedad están fuertemente internacionalizadas, de tal manera que la separación entre los político y lo civil, además de ser artificiosa y aún peligrosa para las libertades reales, impide al conjunto del sistema funcionar correctamente. Creo que puede sostenerse que en este fin de siglo XX ningún proyecto político puede llegar a convertirse en verdadero proyecto colectivo sin el concurso y la colaboración de la sociedad civil. Esta es la gran enseñanza de estos últimos años y que creo es necesario tomar en consideración para el funcionamiento adecuado del sistema.
5. Antes de avanzar en el desarrollo argumental, permítanme que haga dos consideraciones previas:
1. La sociedad civil, en sus diferentes instancias, es la verdadera depositaria de los valores colectivos, de aquellos principios que la colectividad considera vigentes en cada momento histórico, y que se explicitan a través de lo que se ha definido como modos de pensar y modos de comportamiento.
2. La necesidad de romper la sensación de alejamiento entre lo político y lo público, sólo remediable mediante el desempeño por la sociedad civil de un papel más activo, responde a que los efectos negativos derivados de una determinada forma de ejercer la política no han de terminar afectando a la valoración del sistema democrático en sí mismo. No podemos desconocer que aquellos sectores sociales que impulsan el progreso en mayor medida – científicos, filósofos, artistas- se hallan en una situación de desamparo fácilmente comprobable. Lo cual es debido, en especial, a dos causas: a que el pensamiento del siglo XX se ha visto hondamente influido por el marxismo, hasta el extremo de que el naufragio del “socialismo real” ha creado una cierta sensación de orfandad intelectual en Europa; y a que estas personas, decisivas para forzar el progreso social, carecen de verdadera capacidad de influencia. Arnold Joseph Toynbee lo explicaba con su claridad proverbial: “Si se declara una huelga de empleados de las compañías eléctricas lo advertiríamos inmediatamente en nuestras vidas porque no funcionarían los ascensores, las cafeteras, las máquinas de escribir… Estos trabajadores tienen un poder coercitivo inmediato que no se corresponde con su importancia en el progreso social. En cambio, una huelga de filósofos o de poetas produciría hilaridad, a pesar de que esos sectores sí son vitales para asegurar el progreso de las sociedades a largo plazo”. Por tanto, tenemos que edificar un sistema democrático en el que los sectores trascendentales para el progreso social posean una capacidad de influencia indudable. De esta manera, no sólo se conseguiría integrarlos en el proyecto colectivo sino que daremos verdadero sentido a esa integración.
6. Una vez que se han puesto de manifiesto estas ideas hay que descender del terreno especulativo a la concreción de las soluciones pragmáticas. Es claro que resulta necesario potenciar y estructurar la sociedad civil, pero ¿cómo conseguir su participación real en el proceso público? En primer lugar, es preciso reconsiderar el papel del Estado, para lo cual la apelación a la doctrina científica más relevante constituye un bagaje imprescindible, ya que hemos de resolver, en palabras de Burke, “uno de los problemas más delicados en Derecho, es decir, determinar lo que el Estado debe asumir para dirigir la sabiduría pública y lo que debe dejar, con tan poca interferencia como sea posible, al esfuerzo individual”. Habrá que distinguir, pues, utilizando la terminología de Bentham, entre la “agenda” y la “no-agenda” del Gobierno. Bien entendido que, en palabras de Keynes, “la agenda más importante del Estado no se refiere a aquellas actividades que los individuos privados ya están desarrollando, sino a aquellas funciones que caen fuera de la esfera del individuo, las decisiones que nadie toma si el Estado no lo hace”. A lo que añade: “Lo importante para el Gobierno no es hacer cosas que ya están haciendo los individuos, y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que en la actualidad no se hacen en absoluto”.
Tengo por cierto en cualquier caso que, con los nuevos planteamientos ideológicos de nuestro tiempo, el problema de los límites de la acción de los poderes públicos será el eje de la discusión política de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. No se trata ahora de declararse a ultranza partidario, sin más, del Estado mínimo. Ni siquiera centrar el problema en las competencias económicas a asumir por el Estado.
El problema es más profundo: la clase política ha atribuido al Estado un papel excesivo que éste luego no puede cumplir o no puede hacerlo eficientemente, y por ello entre la tarea atribuida y los resultados obtenidos hay una amplia divergencia que genera la insatisfacción que está en la base de la desconfianza entre los ciudadanos y los políticos.
La ciencia política enseña que una verdadera democracia debe incluir un sistema interno de frenos y contrapesos que facilite el equilibrio general del modelo y establezca límites racionales al poder. No en vano advertía con agudeza Montesquieu que “no hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación…”. Esta ha sido la gran cuestión en la Historia del pensamiento y de las ideas políticas: la de los frenos entre los diversos poderes y la manera de contrapesarse los unos con los otros. Uno de los padres fundadores de la Revolución Americana, Jefferson, señaló con acierto que el nuevo régimen político de ningún modo podía convertirse en un “despotismo electivo”. Y hoy en Europa, con algunas excepciones, existe la preocupación de que el Parlamento, que fue un instrumento político de control, pueda llegar a convertirse, de alguna manera, en un mecanismo legitimador de decisiones que, en gran medida, se toman fuera de él.
Pero no sólo se trata de la relación de los poderes en el marco de las instituciones del Estado, sino de las relaciones entre la propia sociedad civil y la esfera de la política. Este, creo yo, es uno de los grandes interrogantes de este fin de siglo. Ningún sentido tendría que existiera este sistema de frenos y contrapesos en lo estrictamente político si no se diera también, y con carácter previo, entre lo político y lo social. Recuérdese que hace un siglo decía John Stuart Mill: “Una constitución democrática no sustentada por instituciones democráticas en su base, sino confinada tan sólo al gobierno central, no sólo no lleva a cabo la libertad política, sino que a menudo crea un espíritu precisamente opuesto”. Y es que la democracia no es sólo un régimen político con unas determinadas instituciones, sino también una forma de vida.
En este sentido, ha resultado decisivo el papel de los medios de comunicación social, que no son tanto un nuevo poder como un medio para trasladar las inquietudes de la sociedad civil, y constituyen, en cierta medida, una cámara de discusión paralela y distinta a la emanada por las urnas. Una sociedad en la que no existiera eso que denominamos opinión pública estaría destinada a presenciar el desvanecimiento de la sociedad civil. Por ello conviene recordar la frase de Madison: “Las libertades de expresión resultan esenciales para la formación y el correcto comportamiento de los ciudadanos en una democracia”.
A partir de aquí creo que habrá que organizar la participación de políticos y ciudadanos en la definición de los problemas y la adopción de las adecuadas soluciones. Al cabo, esta tesis engarza con la “Sociedad Abierta” trazada por Popper: “En una sociedad pluralista, liberal, moderna y desarrollada como la nuestra, quienes poseen el poder político son conscientes de que no tienen todo el porvenir en su mano”. En consecuencia, creo que cabe preguntar: ¿por qué no establecer entonces un sistema de participación real de la sociedad civil en el proyecto colectivo, un sistema que redundaría en beneficio de la colectividad y, por tanto, también de los propios partidos?
7. La Constitución articula unas formas concretas de participación de la sociedad en la res pública. Los partidos políticos (artículo 6) expresan pluralismo político, pero únicamente concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, lo que implica necesariamente la existencia de otras formas participativas. En este mismo sentido, los partidos son “instrumento fundamental” de participación política: pero no, por tanto, el único instrumento admisible. La Constitución ha rehuido, tenaz y conscientemente, de situar el monopolio de estas actividades sociales en manos de estructuras concretas. Antes al contrario, un artículo fundamental, el 9.2, ordena a los poderes públicos promover la libertad y la igualdad reales y efectivas del individuo y de “los grupos en que se integra”, reconociendo así un auténtico pluralismo social espontáneo e independiente; y ese mismo precepto establece la obligación de los poderes públicos de “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, lo que puede y debe hacerse a través de cauces propios y no de mecanismos dirigidos.
En el artículo 23 se percibe cómo los partidos políticos no son los únicos cauces de participación en los asuntos públicos, aunque puedan de facto tener la exclusiva de la representación parlamentaria. Por tanto, no pareces existir base constitucional para el principio del monopolio de los partidos en cuanto agentes políticos. Por supuesto que los partidos desempeñan un papel decisivo en cualquier democracia, pero eso no significa necesariamente que asuman la exclusiva de la acción política organizada, sobre todo porque una mayor pluralidad puede hacer desaparecer el clima de desconfianza sobre la clase política organizada en partidos. La Constitución reconoce a las fundaciones (art. 34), a los colegios profesionales (art. 36), a las empresas (art.38), a los sindicatos y a las asociaciones profesionales, y todos ellos, junto con otras formas de organizar el pluralismo social, han de jugar un papel muy importante en un momento en el que ese “Estado de partidos” que nació después de la Segunda Guerra Mundial atraviesa una crisis notoria.
El intento de materializar el papel activo de la sociedad civil conecta con la preocupación de muchos teóricos que hoy meditan sobre las deficiencias del modelo de representación vigente en las grandes democracias. La vieja antinomia entre la democracia directa o plebiscitaria -cuya principal institución es el referéndum- y la democracia semidirecta o representativa ha vuelto a suscitar interés y crear debate. En los últimos tiempos se han formulado ya algunas ideas que parecen rozar la utopía: hay quien propone la constitución de una segunda Cámara parlamentaria formada por los ciudadanos elegidos aleatoriamente, al azar, entre todos los que forman el censo electoral. Otros teóricos aseguran que en unos pocos años la tecnología y la cibernética saldrán en ayuda de la democracia: la segunda Cámara -en este caso simbólica- estaría formada por todos los electores del censo, quienes desde su propio domicilio podrían votar lo que se les plantease cada vez mediante un simple aparato electrónico. Sería la culminación de la democracia directa que habría de combinarse por diversas razones con la indirecta o representativa. En el fondo de estas propuestas, cuya viabilidad a corto plazo no me parece elevada, se encuentra no sólo la preocupación sobre el funcionamiento actual del modelo de democracia parlamentaria, sino la sensación de que, como ha escrito René Remond, “la política ya no es lo que era”. No lo es porque, aparte de los factores mencionados, los temas que en la actualidad constituyen objeto de primordial discusión no tienen fácil respuesta por parte de las ideologías que hasta hace poco monopolizaban el enfrentamiento político. Temas como la conservación del medio ambiente, el derecho de la sociedad internacional a intervenir allí donde se produzcan conflictos interétnicos, los problemas morales derivados de la investigación genética y un largo etcétera, no tienen fácil solución desde los planteamientos ideológicos tradicionales.
Son cuestiones complejas, que no tienen soluciones simples, que exigen la colaboración de expertos y que se refieren no sólo a la forma de organizar el Estado sino a la forma de vivir cada uno de los ciudadanos en colectividad.
En una idea paralela de pensamiento, esto es, en la de una concepción de la sociedad como un organismo vivo y no como una simple suma de individuos uniformes, se sitúa Pierre Méndes-France. Su concepción de la democracia hace del ciudadano, convenientemente informado, el protagonista de cada opción válida en la controversia política. Propugna un acuerdo, constantemente renovado, entre gobernantes y gobernados que sólo puede ser llevado a la práctica mediante una amplia participación de la sociedad en los asuntos públicos. De esta forma, la búsqueda constante de eficiencia y de libertad se convierte en el rasgo fundamental del pensamiento “mendesista”, que aúna la moralización y la pedagogía y otorga a los hombres de Estado la misión de “formular al país objetivos concretos, precisos, límpidos y susceptibles de que cada ciudadano los pueda apreciar y juzgar”. La fórmula representativa que propone, de forma más o menos explícita, es la combinación de la representación parlamentaria directa, basada en el sufragio universal y el régimen de partidos, con la presencia, en determinadas instituciones, de la sociedad civil.
Mis ideas no están muy alejadas, en líneas generales, de éstas últimas que acabo de exponer. Hoy nos enfrentamos, en el mundo occidental, con la necesidad, no de cambiar el sistema representativo, pero sí de revitalizarlo. Revitalizar la representación significa acometer una tarea de reformas a través de las cuales se consiga que la democracia, siendo -no podría ser de otra manera- democracia de partidos, sea, al mismo tiempo, democracia de ciudadanos. El Estado debe dar cobijo en los procesos de estudio, preparación y concertación de decisiones públicas, a las representaciones sociales, económicas y culturales que constituyen el entramado más vivo de la comunidad.
En este momento es necesario preguntarse si algunas de las instituciones de la sociedad civil no están respondiendo también a planteamientos de cierto corte endogámico que hacen el que su prestigio social, su capacidad de asimilar las nuevas realidades sociales y, consiguientemente, su posibilidad de influencia efectiva, se vean seriamente disminuidas. No sólo debemos mirar hacia el Estado: una reflexión sobre nosotros mismos es igualmente necesaria.
En síntesis, la tesis central de este discurso consiste en la necesidad de reflexionar sobre el estado actual del sistema de democracia parlamentaria, con un propósito inequívoco: defender la democracia. Para ello es necesario profundizar en el esquema de independencia de los distintos poderes del Estado y reconocer que el desarrollo de la sociedad civil requiere, como decía anteriormente, que cualquier proyecto político básico pueda convertirse en proyecto colectivo sin el concurso y la participación de la sociedad civil. Y para ello, además de perfeccionar el propio contenido democrático de algunas instituciones esenciales de la propia sociedad civil, es necesario buscar fórmulas imaginativas para conseguir la presencia de la sociedad en algunas instancias del Estado.
La Universidad debe tomar la iniciativa porque la exigencia de nuestro fin de siglo es aguzar la mente y templar nuestro coraje moral para percatarnos de que la democracia es, en realidad, un territorio difícil e inexplorado que por supuesto ha de ser defendido en su realidad presente pero, “sobre todo, debe ser desarrollado en cuanto a sus posibilidades futuras. También sería deseable que esta iniciativa se hiciera patente en las Reales Academias y en otras instituciones de la sociedad civil de quien debemos esperar su valiosa aportación en asuntos de tanta trascendencia.
Uno de los motores seculares de la Historia ha sido la pugna entre dos tendencias básicas: la materialista y la humanista. Esta última no ha de equivaler necesariamente a la concepción religiosa de la existencia humana: consiste en entender al hombre como protagonista de la Historia. El materialismo, en cambio, sobrepasa al individuo y establece valores que se inscriben en instancias “superiores” a él: lo colectivo, lo social, lo global. El abandono del individuo como actor de la política y como sujeto del progreso produce debilidad -y hasta el menosprecio- de los valores que preocupan al hombre y, consiguientemente, genera en él una desesperanza individual que, agregada, se convierte en desesperanza colectiva. Este fenómeno es probablemente el que está provocando la profunda crisis que vive Europa.
El gran desafío consiste en dotar nuevamente de contenido humanista a nuestros proyectos colectivos. En recuperar al hombre. En recuperar el pensamiento humanista como definidor de la arquitectura de todo modelo social. De la Francia de Luis XVI, Mirabeau escribió que no se había sentido “nunca ni más fuerte, ni más saludable, ni más cercana a desarrollar toda su estatura” y que sus únicos inconvenientes eran “una Administración poco sistemática y el miedo ridículo a recurrir a la nación para construir la nación”. Gracias a que Su Majestad el Rey jugó tan decisivo papel en el gran proceso que permitió a la nación hacerse dueña de su destino, podemos hoy abrirnos a la posibilidad de perfeccionar la democracia y profundizar en el camino de la libertad, y para ello no debemos tener miedo a acudir a España para mejorar España.
SOCIEDAD CIVIL Y PODER POLÍTICO
MARIO CONDE
La distinción que hoy me otorga la Universidad Complutense, cuando conmemora el VII Centenario de su fundación, supone para mí un altísimo honor. No tengo palabras para expresar mi gratitud, tanto al Rector Magnífico, el Excelentísimo señor don Gustavo Villapalos, como al Claustro universitario que se ha dignado aceptar su propuesta. Créanme que resulta fascinante volver la mirada y contemplar los siete siglos en los que la Universidad Complutense ha sido andamio intelectual y luminaria científica de nuestra Historia. Recibir este doctorado bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, aunque sea la Universidad Complutense quien merezca la asistencia de nuestro Monarca, acrecienta todavía más mi gratitud. Gracias a todos ustedes por su asistencia a un acto tan significativo para mí, y en especial mi reconocimiento, por su generosa Laudatio, al profesor Sholomo Ben-Ami, prominente figura de la Universidad y de la diplomacia de Israel, que tantos afectos ha dejado en España en el cumplimiento de sus funciones diplomáticas.
DISCURSO PRONUNCIADO
BAJO LA PRESIDENCIA DE S.M. EL REY
POR EL EXCMO. SR. D. MARIO CONDE
EL DIA 9 DE JUNIO DE 1993
EN EL ACTO DE INVESTIDURA
COMO DOCTOR HONORIS CAUSA
POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID CON MOTIVO
DEL VII CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN
MADRID
MCMXCIII
¡Sádico, más que sádico ! ¡Menuda entrada, con tanto pensamiento para un domingo ! ;)
ResponderEliminarMañana la releo, y le saco toda la punta que pueda.
Ahora me vuelvo al Chivas